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Estefania Méndez / Asistente de Gestión Institucional
gestioninstitucional@ager.org.gt • Cel. 5715 5357
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Tomado del discurso de Carlos Colom por el vigésimo aniversario de la aprobación de la Ley General de Electricidad:

“Lejos de estar exigiendo cambiar el modelo eléctrico del país, deberíamos estar tomándolo como un modelo exitoso y exigirle al gobierno que trabaje de la misma manera en otros sectores. Así como se mejoró el sistema de transmisión de energía eléctrica debería el Estado de Guatemala ser capaz de mejorar las carreteras. Así como el modelo de la ley permitió aumentar de 40% a más del 91% la cobertura del servicio de energía eléctrica, se debería llevar la educación de calidad a los lugares más lejanos del país”.

“Dentro de este marco regulatorio, el tema ambiental es fundamental y para Guatemala probablemente el único que va a poder cumplir con los compromisos del Acuerdo de París es el sector eléctrico. Una de las principales preocupaciones acordadas en estos compromisos firmados en diciembre del año pasado fue la implementación de generación de energía con medios renovables. En Guatemala no tuvimos que esperar a que nos lo dijeran pues ya sabíamos de los grandes beneficios y ya los estamos implementando. El medio ambiente se ha visto beneficiado en el país por incrementar los proyectos energéticos basados en recursos renovables”.

“Ahora bien, la transformación de la matriz energética, toda esta inversión en mejorar e incrementar las líneas de transmisión, la implementación de energías renovables: ¿qué beneficios reales implican para la economía guatemalteca? Se realizó un análisis por medio de una entidad independiente y se concluyó que si se cumplen todos los planes y las proyecciones para 2027, Guatemala habrá recibido en su economía más de Q50 mil millones de quetzales. Esto se refiere a las inversiones, ahorro por generación y consumo de electricidad y, además, impactará a otros sectores. Este aporte es muy significativo”.

“Por el contrario, por cada 100MW que se eliminen de ese plan porque se cancele una autorización o porque se opongan a esos proyectos, el impacto negativo para el país es de Q7 mil millones. Esto es muchísimo dinero que se estaría perdiendo y que debemos tener en cuenta para no desaprovechar las oportunidades energéticas que hay en el país”.

“Por último, sabemos que aún hay que trabajar para cubrir a esa población en sitios tan lejanos y que aún no dispone de energía eléctrica y que hay que esforzarse para que el sector eléctrico siga adelante. Confiamos que apoyados en este marco regulatorio podamos seguir por el camino correcto”.

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