Una persona es dueño de una casa donde vive con su familia. Luego de varios problemas que tiene con fugas dentro del sistema de tuberías, decide remodelar su hogar. Quizá aprovechará para ampliar una habitación debido al crecimiento de los hijos y la necesidad de más espacios. Lo idóneo es que genere un presupuesto a partir de sus necesidades, consulte con expertos y contrate los servicios requeridos. La idea es que él y su familia vivan mejor.
Sin embargo, si a medio camino el consultor le incrementa los costos de los materiales, si el hijo que habitará en la nueva habitación decide que no quiere que su cuarto cambie de dimensiones o si la misma persona considera que en lugar de invertir en un nuevo sistema de tuberías quiere cambiar el techo del estacionamiento, lo que se obtiene al final es una inversión a medias, proyectos inconclusos y desperdicio de recursos de manera innecesaria.
Esto es lo que puede ocurrir con el país. Es un ejemplo, la casa es el territorio de Guatemala, la persona es el Gobierno y los hijos son los habitantes. Si se tiene un plan acordado desde el principio y se establecen las reglas, las leyes, el Estado debería velar por su estricto cumplimiento para beneficio de todas las personas.
Si las reglas del juego se cambian a cada momento para beneficiar a grupos específicos, sin que los derechos sean iguales para todas las personas, comienzan a haber problemas y a brindarse privilegios. Esto es negativo para las inversiones, para los proyectos y planes que desean implementar los empresarios y las personas que se atreven a invertir en el país.
Es fundamental que el Gobierno tenga un criterio firme, que haga valer la ley para que Guatemala pueda progresar de manera adecuada.
