Llama la atención que cada vez que se convoca a una manifestación bajo la bandera de CODECA y otras organizaciones autoproclamadas campesinas, siempre surge la consigna de la “nacionalización de la electricidad” como si esa fuera la solución para la pobreza de las personas. Respetamos el derecho a manifestar de las personas, es un ejercicio democrático en toda ley, pero creemos que es importante que los discursos sean constructivos, propositivos y no simples premisas ideológicas convenientes.
En noviembre se cumplen 20 años desde que se aprobó la Ley General de Energía, una importante ley que construyó el marco para la generación de energía eléctrica que hoy se tiene. Permitió la creación del ente regulador (Comisión Nacional de Energía Eléctrica) y un ente operador (Administrador del Mercado Mayorista) y con esto una robusta estructura que mantiene a Guatemala como líder en generación de energía en la región.
Hasta antes de 1996 eran frecuentes los cortes de energía debido al desabastecimiento de agua durante la época seca, se tenía pérdidas del suministro por más del 30 %, la calidad del servicio era deficiente y la cobertura era menor al 40 % de los habitantes de Guatemala. Nacionalizar la energía eléctrica significa dar marcha atrás con todos estos avances que se han tenido en 20 años. Además, el más fuerte señalamiento que tiene en contra CODECA es, precisamente, el robo de energía eléctrica en varias partes del país.
Se entiende que la preocupación porque el gobierno dé respuesta a muchas de las demandas es comprensible, pero en el caso específico de nacionalizar la energía, es una de las exigencias que menos sustento tiene. La gente paga menos, las tarifas son más estables, hay más inversión y muchos proyectos amigables con el ambiente para la generación de electricidad.
Si de verdad nos preocupa el tema energético, en lugar de echar por tierra los buenos esfuerzos de los últimos 20 años se debe unificar esfuerzos por solventar las diferencias, dialogar más y apoyar más y mejores proyectos en el país.
