Durante la mañana del jueves 19 de enero de 2017, José González-Campo, Presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) junto con Rudolf Jacobs, Directivo de la Cámara de Industria de Guatemala, y las Cámaras del Sector Empresarial, llevaron a cabo una conferencia de prensa para pronunciarse sobre los impactos socioeconómicos a nivel nacional de las decisiones de las Cortes (Convenio 169 de la OIT).
González-Campo inició condenando “cualquier acto de violencia que bajo el calificativo de manifestación pacífica atenta contra proyectos de beneficio para el país y contra la seguridad física de sus habitantes”.
El presidente del CACIF indicó que “durante 20 años el Estado de Guatemala ha incumplido con el establecimiento de la reglamentación de las Consultas a Pueblos Indígenas del Convenio 169 de la OIT, lo que hace imposible la aplicación oportuna de este derecho de consulta”.
Respecto a la realización de “consultas retroactivas” González-Campo señaló que este tipo de medidas atenta “contra los derechos constitucionales de libertad de industria, comercio, trabajo y de propiedad privada, entre otros, de las personas y empresas propietarias de los proyectos en operación.“Reconocer y proteger el derecho de consulta atentando contra estos derechos constitucionales de las empresas, por incumplimiento del propio Estado, resulta gravemente contradictorio, socava la confianza en la seguridad jurídica del país y castiga a quien confía en Guatemala”.
En dicha conferencia el CACIF, como ente representativo del conglomerado empresarial del país, y las Cámaras del Sector Empresarial, exigieron la reglamentación pronta y adecuada de las consultas del Convenio 169 de la OIT. También se pidió que “se reconozcan los derechos de las inversiones realizadas de conformidad con la ley y la normativa vigente en su momento”.
Sobre el riesgo de suspender a las hidroeléctricas
González-Campo recordó que gracias a la operación de diversos proyectos de energía renovable en el país “se ha reducido el costo de la electricidad cerca de un 40%” y que además se cuenta con “una oferta de energía”, léase ya no hay “apagones” como en el pasado.
Además, puntualizó que con medidas como las tomadas respecto a algunos proyectos hidroeléctricos “se pone en riesgo el acceso a energía limpia, barata y confiable” y se “pone en riesgo la inversión en el país”.
A decir del presidente del CACIF se piden dos acciones concretas por parte del Estado de Guatemala:
– La reglamentación del Convenio 169 de la OIT
– Que ante el vacío creado por la falta de reglamentación del Convenio se establezcan y respeten los mecanismos de homologación para que aquellos casos en los que se efectuaron procesos de diálogo y socialización en ausencia de una reglamentación formal del Convenio 169, sean adecuadamente valorados. Es fundamental reconocer los derechos de las inversiones que fueron realizadas de conformidad con ley y la normativa vigente en su momento.
Por su parte, sobre el tema de las hidroeléctricas, parcial o totalmente suspendidas por las cortes guatemaltecas, Jacobs mencionó que dichos proyectos “cumplen con requisitos y autorizaciones en ley”, son fuertes en inversión y contribuyen de forma imporante en la creación de empleos, por lo que una interrupción en sus operaciones “atenta contra el derecho de empleo de los trabajadores y deja de generar energía para todo el país”.
“Este es un mensaje para las cortes de justicia, el Organismo Ejecutivo y Legislativo, están electos y fueron nombrados para cumplir con la responsabilidad de responder al pueblo de Guatemala y de actuar con muchísima rectitud. También para tomar decisiones apegadas a derecho y considerando qué es lo mejor para el país”, finalizó González-Campo.
El comunicado de prensa compartido por CACIF
